La comunidad Peñas Negras, de unas 150 personas, resiste hace 4 años el intento del gobierno de Raúl Jalil de instalar un emprendimiento de oro y cobre a cielo abierto en su territorio.

Peñas Negras, ubicada al norte de Belén, es el centro de un conflicto que se agravó en las últimas semanas y que combina represión policial, hostigamiento y el avance de un proyecto minero de gran escala sobre su territorio.

Así lo relató a Alerta Oeste la abogada Andrea Morales Leanza, asesora legal de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca y representante legal de la comunidad. La letrada, además, presentó un escrito ante la Fiscalía Penal de Belén para denunciar hechos de violencia ocurridos días atrás.

Lo esencial

• Peñas Negras reúne a unas 150 personas, de niños a ancianos, en un territorio a 12 km del límite con Salta.
• El gobierno provincial busca instalar un proyecto de oro y cobre a cielo abierto.
• Las empresas involucradas son Millaray S.A., Amalaya S.A. y Elevado Gold S.A.
• La comunidad denuncia sitio policial, violencia física e ingreso de personas no identificadas a su territorio.
• La abogada presentó un escrito de urgencia ante la Fiscalía por hechos ocurridos el 2 de septiembre.

“Viene siendo violentada y castigada”

El foco de la tensión está puesto en Peñas Negras. Allí, según la abogada, se registra el mayor despliegue de fuerzas policiales y los episodios de violencia más recientes.

“Acompaño a la comunidad de Peñas Negras en su digna resistencia contra el gobierno de Raúl Jalil, que ya hace 4 años viene siendo violentada y castigada por este gobierno que pretende imponer en su territorio un emprendimiento minero de gran envergadura”, afirmó Morales Leanza.

La actividad en cuestión consiste en la extracción de oro y cobre a cielo abierto. Es un método que la comunidad rechaza por considerarlo “incompatible con su modo de vida, su bien vivir”, según explicó la letrada.

Sitio policial y falta de acceso a la Justicia

La abogada describió una situación de virtual cerco sobre el territorio comunitario:

“Las comunidades están sitiadas, hay un gran despliegue de la policía de Catamarca, no les dan acceso a la Justicia y a la salud. Ingresan sin orden a sus territorios en motos que no están identificadas”.

Según su relato, pese a los reclamos presentados, “ante los pedidos a la fiscalía no hemos tenido respuesta”.

Morales Leanza sostuvo además que el objetivo de fondo del operativo estatal es despojar a la comunidad de tierras estratégicas para la actividad minera: “Buscan despojarlos de ciertos territorios que son sumamente útiles para ellos. No están pudiendo llevar los trabajos de minería porque la comunidad resiste, aunque están en total desigualdad de fuerza”.

La presentación ante la Fiscalía

En paralelo a la entrevista, la abogada presentó un escrito ante la Fiscalía Penal de Belén en el que denuncia hechos de “extrema gravedad” ocurridos el pasado 2 de septiembre.

Según le fue informado por comuneros, personal policial habría ejercido violencia física contra miembros de la comunidad, golpeándolos y arrojándoles gas pimienta. El escrito también señala el ingreso de personas no identificadas, en motocicletas sin patente visible y sin exhibir orden judicial ni autorización alguna para estar en el territorio.

La presentación advierte, además, sobre un clima de temor generalizado que restringe la libre circulación de los comuneros dentro de su propio territorio. Incluso relata que la propia abogada fue advertida de un posible riesgo para su integridad física al intentar trasladarse hacia la zona. Pese a ello, informó que continuaría viaje hacia Belén y luego hacia El Hunquillar, en el territorio de Peñas Negras.

Entre las medidas urgentes solicitadas a la Fiscalía, Morales Leanza pidió:

• Identificar a todo el personal policial y a los terceros que operan en la zona.
• Verificar si existe orden judicial que habilite su presencia en el territorio.
• El traslado inmediato de personal judicial para tomar denuncias en el propio territorio.
• La constatación médica de las lesiones denunciadas.
• Garantías de seguridad —incluido un móvil policial— para poder ingresar a asistir jurídicamente a la comunidad.

El reclamo se apoya, entre otros fundamentos, en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y su derecho a la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan.

También cita el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga al Estado a garantizar el acceso efectivo de los pueblos originarios a la Justicia.

La versión del gobernador

Consultado por la prensa sobre el conflicto, el gobernador Jalil sostuvo que la resistencia al proyecto minero no sería mayoritaria entre las comunidades de la zona: “Hay cinco caciques que están de acuerdo y uno que no”.

El mandatario provincial remarcó su disposición al diálogo: “Siempre propuse el diálogo, vamos a tener energía el año que viene a Laguna Blanca. Estamos tratando de que vengan a hablar con la provincia. Hay cinco comunidades que quieren trabajar, entienden que la minería es importante con control ambiental, con control económico y social”.