Diez policías de la comisaría 7 de la localidad salteña de Campo Quijano fueron citados a audiencia de imputación tras detectarse irregularidades en su actuación vinculada al femicidio de Natalia Marilín Cruz, ocurrido en febrero.
La víctima contaba con una orden judicial que disponía una consigna policial fija como protección. La medida buscaba resguardarla ante episodios previos de violencia de género ejercidos por su expareja.
Sin embargo, la custodia nunca habría sido implementada, pese a que el personal conocía la disposición.
La investigación detectó otro dato grave: tras el hecho, habría existido un informe policial con datos falsos.
En ese documento se dejaba constancia de un supuesto intento de cumplir con la medida de protección.
La causa también investiga irregularidades en la organización, la supervisión y el registro de consignas ordenadas judicialmente.
Estas fallas se habrían dado en casos de violencia familiar y de género durante enero y febrero de 2026, en esa misma dependencia.
Entre los imputados figuran el jefe de la comisaría y el jefe de Guardia.
La Fiscalía los acusa de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se les atribuye haber promovido el informe falso y omitir garantizar la custodia de la víctima.
Un suboficial y un oficial fueron imputados por falsedad ideológica. Al primero se le atribuye haber redactado y firmado el informe cuestionado. Al segundo, haber ordenado su elaboración.
Además, otros cinco efectivos —cuatro mujeres y un varón— quedaron imputados como coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En concreto, se les endilga:
- No haber efectivizado la consigna policial fija dispuesta por la Justicia.
- No haber informado oportunamente sobre la imposibilidad de cumplirla.
La investigación penal preparatoria estuvo a cargo de una Unidad Fiscal conformada por la UFEM y la Fiscalía de Derechos Humanos, dispuesta por la Procuración General.
Las fiscales María Luján Sodero Calvet y Claudia Geria señalaron que el caso reveló fallas sistemáticas en el tratamiento de denuncias por violencia de género.
Entre ellas, mencionaron incumplimientos de protocolos y deficiencias en los controles internos de la fuerza policial.
La causa judicial por el crimen
El principal acusado del femicidio es Daniel Orlando Serapio, expareja de la víctima. La atacó el 17 de febrero en su vivienda del barrio Luz y Fuerza.
Serapio permaneció prófugo once días hasta que, finalmente, fue detenido en cercanías de la Estación Diego de Almagro, en el interior de una cueva.
La Justicia lo imputó por homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, además de desobediencia judicial en tres hechos, en concurso real.
Por otra parte, la Justicia también dictó prisión preventiva para dos familiares del acusado, imputados por encubrimiento agravado.
