La defensa de Cristian”Pity” Álvarez, a cargo de los abogados Javier Baños y Fernando Queijeiro, pidió la nulidad del juicio oral que se le sigue al ex líder de Intoxicados y reclamó que la causa sea elevada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires.

Según los letrados, el músico “no está en condiciones” de afrontar un debate por falta de capacidad psíquica y cognitiva.

Baños sostuvo en declaraciones a Alerta Oeste que un dictamen pericial oficial de 2023 ya había detectado en Álvarez un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un cuadro depresivo severo, calificado como “extremadamente grave y prácticamente irreversible”.

Por eso, la defensa exige la realización urgente de una resonancia magnética cerebral y un estudio cognitivo que, aseguran, no figuran en el expediente, además de la intervención de un neurólogo y un psiquiatra antes de continuar con el proceso.

El otro eje del planteo apunta a la competencia del tribunal.

Los abogados argumentan que el juicio debería haberse realizado ante un jurado popular, tal como establece la Constitución Nacional y la Ley 6451 de la Ciudad, que dispone juicio por jurados obligatorio para delitos con penas de veinte años o más de prisión.

Remarcaron que numerosas provincias argentinas —entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Neuquén y Santa Fe— ya implementaron ese sistema, pese a contar con menos recursos judiciales que la Ciudad de Buenos Aires.

La defensa también enumeró una larga lista de dudas sobre la responsabilidad penal de Álvarez: la posibilidad de un estado de inconsciencia al momento del hecho, legítima defensa o exceso en ella, e incluso una eventual inimputabilidad.

Como respaldo a esto último, citaron episodios ocurridos durante las audiencias, como que el músico se durmió, compuso canciones y afirmó “escuchar” a través de un ojo dibujado en su mano.

“Seguir adelante con el juicio contradice abiertamente incluso no solamente la lógica, sino lo resuelto en otras instancias de este mismo proceso. Ya en el año 2023 se había determinado que el Pity tenía un deterioro cognitivo grave”, afirmó Baños. 

Baños adelantó que, de no prosperar el planteo, la estrategia contempla apelar ante el Tribunal de Casación y, eventualmente, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocando gravedad institucional y el riesgo de responsabilidad internacional del Estado argentino.