Un operativo de desalojo derivó este lunes en una violenta represión contra integrantes de la Comunidad Indígena de Santa Rosa, en Humahuaca, Jujuy.

La medida fue dispuesta por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón, y generó un fuerte repudio entre las familias del lugar, que denuncian graves irregularidades en el proceso judicial.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la orden judicial habría avanzado sin contemplar los derechos que asisten a la comunidad en su condición de Pueblo Indígena, reconocida legalmente mediante personería jurídica.

Además, apuntan contra la jueza de Paz Fabiola Salas, a quien responsabilizan por no garantizar el respeto de los derechos colectivos que la comunidad ejerce sobre sus tierras.

El trasfondo del conflicto, según explicó Enrique Farfán, presidente de la comunidad de Chocoya, radica en un error detectado en los planos elaborados por la Dirección de Inmuebles.

El funcionario relató que ese organismo ya admitió la falla en la documentación, que habría ubicado incorrectamente una vivienda perteneciente a la familia Soruco, integrante de la comunidad.

En este contexto, la comunidad manifestó que su territorio está siendo vulnerado por una resolución sustentada en información incorrecta y realizó un llamado abierto a comunidades vecinas, organizaciones sociales y a la ciudadanía en general para acompañar la resistencia frente al desalojo.

La represión también repercutió en el ámbito político. La diputada nacional Myriam Bregman se pronunció a través de sus redes sociales: “Repudiamos la represión y el desalojo de la policía de Sadir a familias de las comunidades originarias de Humahuaca, Jujuy. Mujeres con niños en brazos fueron sacados con mucha violencia. ¡Exigimos la libertad inmediata a todos los detenidos!”.