Teodoro Bustamante Sotelo, un hombre de 33 años que vivía en un terreno tomado de González Catán, partido de La Matanza, fue detenido en octubre de 2020 tras un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA).
El oriundo del distrito paraguayo de San Pedro de Paraná está acusado por la Justicia de su país de haber irrumpido en 2015 junto a otras personas a una casa para robar y allí haber violado a su propietaria, esposa de un militar.
La Fiscalía local investigó un hecho de robo y abuso sexual en Kuarahy Resé, a 40 kilómetros de San Pedro.
El hecho ocurrió en la finca de Albercio Samudio, suegro de un militar: su hija fue violada en pleno monte, con su yerno maniatado a un árbol.
Tras el ataque salvaje, los investigadores determinaron que los autores fueron integrantes de una banda autodenominada Unión del Pueblo Paraguayo (UPP), entre ellos Teodoro y su hermano Dionicio, alias “El Patrón”.
En ese marco, Teodoro se profugó al conurbano bonaerense, donde se había hecho una casa en el fondo de un terreno tomado en la localidad de González Catán, junto a su familia.
Prófugo de la justicia paraguaya, aquí se movía con el documento argentino de otro de sus hermanos que había regresado a su país.
Una vez arrestado, se opuso a su extradición e inició el trámite de refugio ante la CO.NA.RE. (Comisión Nacional para los Refugiados).
En ese contexto, el procedimiento de extradición se encuentra paralizado a las resultas de la información solicitada a Paraguay.
Entre sus argumentos, la defensa reclamó en la causa pedir detalles de lo sucedido con “El Patrón”, quien fue extraditado a su país el 10 de enero de 2020 y luego en 2022 falleció en la cárcel de Coronel Oviedo.
En su hipótesis, su hermano habría sido asesinado en la cárcel por torturas y por eso él correría la misma suerte.
La defensa oficial llegó con sus planteos hasta la Corte Suprema, luego de fracasar en otras instancias.
El tribunal le respondió que esas quejas no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Por otra parte, la defensa oficial solicitó el cese de la prisión preventiva al plantear que se había superado ampliamente el plazo de tres años por el cual una persona puede estar detenida con prisión preventiva.
La fiscalía se opuso a su libertad e insistió en que se encontraban vigentes los riesgos procesales. También afirmó la inminencia del juicio de extradición y la gravedad de los delitos que generaron el pedido de extradición.
El juez federal Jorge Rodríguez rechazó el pedido de la defensa y subrayó que, teniendo en cuenta los antecedentes, se puede suponer que, de obtener la libertad, Bustamante Sotelo podía volver a intentar eludir el accionar de la justicia. La Cámara de Casación Penal ratificó esa decisión.
La defensa llegó con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo por considerarlo inadmisible, a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que Teodoro Bustamante Sotelo seguirá preso.
