En el marco de la investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2025, se realizaron nueve allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Los operativos terminaron con la detención de cuatro nuevas personas vinculadas a la causa.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, a pedido de la Fiscalía Federal 2 de Morón, que dirige Mariela Labozzetta.
La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza tuvo un rol clave en la pesquisa: durante los últimos meses analizó comunicaciones y otras fuentes de información, y desarrolló tareas de campo que permitieron individualizar a los nuevos sospechosos.
Los cuatro detenidos serán indagados el lunes 7 de septiembre ante el juez interviniente, con intervención de la Secretaría 8 a cargo de Ignacio Calvi, según el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
Durante los allanamientos se secuestraron celulares y otros dispositivos electrónicos.
En uno de los domicilios se halló además una pistola calibre 9 mm con la numeración suprimida y municiones.
Con estas detenciones, ya son dieciocho las personas procesadas en la causa por el triple femicidio, entre ellas Tony Janzen Valverde Victoriano (conocido como “Pequeño J”).
El hecho
El 19 de septiembre de 2025 Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo fueron captadas mediante engaño en la localidad de Ciudad Evita.
Las tres ascendieron a una camioneta bajo el pretexto de asistir a una fiesta y trasladadas a una vivienda ubicada en la calle Chañar 702 de Florencio Varela, en el sur del Gran Buenos Aires.
Allí, las chicas fueron privadas ilegítimamente de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas; luego sus cuerpos fueron enterrados en el mismo inmueble y el vehículo utilizado para el traslado fue incendiado.
Según la reconstrucción judicial, los asesinatos habría sido ordenados como represalia por la sustracción de estupefacientes dentro de la propia red narco-criminal a la que pertenecerían los imputados.