Dos hombres, apodados “Boli” y “Tiki”, quienes habían sido detenidos en Moreno, fueron procesados con prisión preventiva como presuntos  cabecillas de una banda que cometía violentos robos y traficaba estupefacientes en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión se dio en el marco de una investigación realizada por la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, que encabeza el fiscal José María Campagnoli.

La jueza Laura Bruniar, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 15, procesó con prisión preventiva a los sospechosos de integrar la banda que, entre septiembre de 2024 y mayo pasado, cometió una serie de robos a personas que salían de financieras, en el barrio porteño de Belgrano.

Además, la magistrada embargó los bienes de los dos imputados por las sumas de 6.000.000 y 17.000.000 de pesos, informó la web institucional fiscales.gob.ar. Por los hechos, hay una tercera persona identificada, que permanece prófuga, y otros sospechosos que aún no fueron individualizados.

Los robos

La investigación se inició por el robo ocurrido el 6 de septiembre de 2024. En dicha ocasión, a pedido de una empresa con sede en la ciudad de Mendoza, un hombre que se desempeña como chofer de pasajeros y artículos, fue hasta una oficina ubicada en la avenida Olazábal al 1500, en el barrio porteño de Belgrano, donde retiró 2.500.000 de pesos, que debía trasladar a un depósito de telas de la localidad bonaerense de Lanús. Tras retirar el dinero -el cual guardó en una mochila- el hombre se dirigió a un estacionamiento para retirar su vehículo. Al emprender la marcha por la calle Mendoza, frenó en el semáforo de la avenida Del Libertador. Allí apareció uno de los imputados, que rompió el vidrio delantero del lado del acompañante y se apoderó de la mochila con el dinero. La víctima trató de evitar el robo y se produjo un forcejeo, producto del cual al asaltante se le cayó su teléfono celular dentro del automóvil. El ladrón se dio a la fuga y abordó una moto que lo esperaba en Libertador, por donde huyeron con dirección al centro porteño. Un segundo hecho, bajo la misma modalidad, se registró el 19 de marzo pasado, cuando un hombre que había retirado una importante suma de dinero del mismo edificio de la calle Olazábal, fue abordado en la intersección con la calle Golfarini. Allí, tras romper nuevamente el vidrio del automóvil, un asaltante sustrajo el dinero y se fugó en una motocicleta que también lo aguardaba. El último hecho ocurrió el 7 de mayo pasado, cuando la víctima se detuvo en el semáforo de Blanco Encalada y avenida Del Libertador y fue abordada por un motociclista que, tras romper la ventanilla, le robó una mochila gris que tenía en el asiento del acompañante, y escapó hacia la avenida Figueroa Alcorta. En su interior había una notebook, el dinero que había retirado del mismo edificio de la avenida Olazábal, un pasaporte español, dos escrituras, un poder de administración general emitido por su madre, el documento de identidad, recetas médicas y estudios oncológicos de la mujer. Los dos últimos hechos eran investigados por el los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional 21 y 18, respectivamente, pero a pedido de la fiscalía, se acumularon a la investigación de la Fiscalía de Distrito.

La investigación

El descuido del asaltante que perdió su teléfono, permitió que se analizaran sus comunicaciones y sus perfiles en redes sociales. Ello reveló que el sospechoso no actuaba solo y permitió identificar a algunos de sus presuntos cómplices. Además, se advirtió la existencia de conversaciones examinadas que versaban sobre la compra y venta de armas y sus municiones, a través de la hermana de uno de los imputados y su pareja. Al solicitar la detención de los implicados, el auxiliar fiscal Facundo Vidal -de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez- sostuvo en el dictamen que la investigación desarrollada “se basó en un exhaustivo análisis del teléfono que se le cayó a uno de los imputados tras cometer uno de los hechos -y de la compulsa de material fílmico y examen de listados telefónicos que reportaron actividad en el lugar de los desapoderamientos-”. Según el dictamen, ello evidenció el funcionamiento de una organización criminal que operó “al menos desde el 6 de septiembre de 2024 a la actualidad, dedicada a la comisión de delitos indeterminados en el ámbito de esta ciudad”.