El poder judicial bonaerense enfrenta uno de sus momentos de mayor reconfiguración. Cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia y una Subprocuración General sin conducción generan una disputa silenciosa pero intensa en los despachos de La Plata.

Sin nombres confirmados ni pliegos enviados al Senado, la negociación avanza por canales informales.

En ese escenario, Javier Ignacio Baños emerge como el postulante con capital propio más sólido.

Doctor en Derecho y jurista con tres lustros de desempeño en el Ministerio Público Fiscal, su hoja de vida incluye la Asesoría General de Gobierno de Morón y cuatro participaciones en ternas para el Tribunal de Casación provincial.

A nivel político, distintas corrientes del peronismo le reconocen interlocución, y su vínculo con la Embajada estadounidense agrega una dimensión que pocos ignoran cuando se habla de equilibrios de poder.

El resto del mapa también tiene figuras de peso. Santiago Pérez Teruel, hombre fuerte de la estructura jurídica del gobernador Axel Kicillof, aparece como la carta del “axelismo”.

Martín Mena, al frente del Ministerio de Justicia y alineado con el cristinismo más duro, representa otra fracción con pretensiones propias en el tribunal.

Por el cupo femenino, imprescindible en cualquier acuerdo que aspire a legitimidad, compiten dos perfiles bien diferenciados: Marisa Herrera, referente académica del derecho de familia en el CONICET y la UBA, y María Florencia Budiño, presidenta del Tribunal de Casación Penal con años de gestión jurisdiccional a cuestas.

El desenlace dependerá de cuánto cede cada sector en una interna que recién empieza a calentarse