El Ministerio Público Fiscal requirió penas de entre 3 años y 9 meses y 24 años de prisión para 27 personas acusadas de explotar laboralmente a 25 víctimas bajo la fachada de una congregación religiosa.
El juicio oral se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín.
Durante su alegato, el fiscal Alberto Gentili describió el caso como una confluencia de criminalidad organizada, violencia de género y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La organización habría funcionado durante casi cinco décadas con sede en La Matanza y filiales en varias provincias y dos países limítrofes.
La acusada principal, Eva Petrona Pereyra, de 82 años, enfrenta la pena más alta —24 años de prisión— por los delitos de reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de explotación laboral y abusos sexuales contra cuatro víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de los hechos.
Los 27 imputados fueron acusados por asociación ilícita.
A 25 de ellos se les imputa además trata de personas y reducción a la servidumbre agravada: 18 como coautores y 7 como partícipes necesarios.
El fiscal también solicitó el decomiso de 48 inmuebles en seis provincias y 16 vehículos utilizados en la comisión de los delitos, y pidió que el tribunal fije una reparación económica para las víctimas en base a informes elaborados por organismos especializados de la Procuración General de la Nación, entre ellos PROTEX y SIFRAI.
